El 23 de octubre de 2026, un tribunal federal argentino desestimó la causa penal contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otras nueve personas investigadas por el colapso de la memecoin LIBRA. El tribunal concluyó que los hechos establecidos no constituían delito y que las pruebas no respaldaban las acusaciones de fraude o conducta corrupta.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi determinó que no había pruebas suficientes de fraude, corrupción, abuso de autoridad u otra conducta delictiva.
Los inversores afectados buscan recuperar su condición de querellantes para poder impugnar el sobreseimiento.
Un tribunal federal argentino desestimó el 23 de octubre de 2026 la causa penal contra el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otras nueve personas investigadas por el colapso de la memecoin LIBRA. La decisión concluyó que los hechos establecidos no constituían delito y que las pruebas no respaldaban las acusaciones de fraude o conducta corrupta.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi emitió la sentencia de 60 páginas en la causa CFP 772/2025, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien previamente había solicitado poner fin a la acción penal.
La decisión también alcanza al empresario estadounidense Hayden Davis, vinculado al lanzamiento de LIBRA; al lobista Mauricio Novelli; a la pareja de Novelli, Manuel Terrones Godoy; al exasesor regulatorio argentino Sergio Morales; y a otras personas involucradas en la investigación.
Motivos del sobreseimiento
La investigación se inició tras el lanzamiento de LIBRA el 14 de febrero de 2025. Milei publicó un mensaje en X en apoyo al proyecto, que fue presentado como una forma de financiar pequeñas empresas en Argentina.
Después de la publicación de Milei, el precio de LIBRA se disparó hasta casi $5 antes de desplomarse en cuestión de horas. Según el expediente, más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas, mientras que alrededor de $100 millones fueron retirados de varias billeteras vinculadas al proyecto.
Los investigadores examinaron si el presidente o personas de su entorno estaban involucrados en fraude, tráfico de influencias, abuso de autoridad o recepción ilegal de fondos. Sin embargo, el juez concluyó que el respaldo público de un jefe de Estado a un criptoactivo no establecía por sí solo intención fraudulenta.
La resolución indicó que la oficina de Milei pudo haber incrementado la confianza de los inversores en el proyecto y atraído atención hacia el token. No obstante, los fiscales no lograron identificar declaraciones falsas específicas que hubieran inducido a los compradores a adquirir LIBRA.
El tribunal también señaló que las memecoins son activos altamente volátiles y especulativos, y afirmó que un fuerte colapso de precios y las pérdidas de los inversores no eran por sí solos prueba de un delito.
Vínculos presuntamente examinados
Los investigadores también revisaron presuntos vínculos corruptos entre los participantes del proyecto y el círculo cercano de Milei. Hallaron un documento en el teléfono de Novelli que hacía referencia a posibles pagos a Javier y Karina Milei. Medios argentinos habían informado previamente sobre un supuesto acuerdo que involucraba un convenio de $5 millones para promocionar LIBRA.
Un examen forense no estableció que el documento hubiera sido compartido con terceros ni que los acuerdos que describía hubieran existido. Los investigadores también encontraron chats eliminados con un contacto guardado como “Karina Milei RRPP” y registros de llamadas telefónicas entre el presidente y Novelli, pero no pudieron recuperar el contenido de las llamadas.
El tribunal no encontró pruebas de que Karina Milei hubiera recibido dinero para organizar reuniones entre empresarios y el presidente. También determinó que la publicación de Javier Milei sobre LIBRA no fue un acto oficial de gobierno y no involucró recursos estatales.
Los inversores buscan el derecho a apelar
El tribunal desestimó la causa sin citar a ninguna de las 11 personas a declaración indagatoria como imputadas, según informó Perfil.
Cinco inversores afectados fueron apartados como querellantes en julio de 2026. Un tribunal de apelaciones confirmó esa decisión en septiembre, al señalar la aceptación voluntaria por parte de los compradores de los riesgos asociados con invertir en un activo especulativo.
Los inversores apelaron ante el Tribunal Federal de Casación para recuperar su condición procesal. Si el tribunal acepta su apelación, podrán impugnar el sobreseimiento.
Milei celebró la resolución y caracterizó el proceso como una campaña política y mediática contra su administración. El legislador opositor Maximiliano Ferraro criticó la decisión y afirmó que varias circunstancias —incluidas reuniones entre participantes del proyecto y funcionarios del gobierno, así como transferencias financieras— no habían sido explicadas adecuadamente.
La resolución se aplica a la causa penal CFP 772/2025 y no pone fin automáticamente a otros procedimientos relacionados con LIBRA, incluidas las demandas civiles. Un tribunal argentino había congelado previamente 25 billeteras de criptomonedas durante la investigación y ordenado a seis exchanges internacionales que proporcionaran información sobre sus propietarios.
Por separado, la Oficina Anticorrupción de Argentina no encontró violaciones éticas en la promoción del token por parte de Milei en junio de 2025.
Fuente: HODL Press
