Los senadores Cynthia Lummis, John Boozman y Tim Scott publicaron la versión final de la Ley CLARITY antes de una votación procesal prevista para el 15 de septiembre de 2026. El proyecto de ley revisado sobre la estructura del mercado de criptomonedas es relevante porque incorpora 126 enmiendas redactadas por demócratas, incluidas disposiciones que restringen los intereses de altos funcionarios gubernamentales en negocios de criptomonedas.

Lummis presentó una versión anterior del proyecto la semana pasada. Aunque ese borrador contenía más de 110 enmiendas, no incluía disposiciones que prohibieran a los funcionarios operar negocios de criptomonedas o recibir ingresos de ellos.

«El presidente Trump aceptó voluntariamente restricciones éticas sin precedentes que establecen algunos de los estándares éticos más estrictos de la historia de Estados Unidos para todos los funcionarios federales electos, jueces y sus cónyuges. Este texto es verdaderamente bipartidista e incluye más de 120 disposiciones añadidas a petición de los demócratas», dijo Lummis.

Lummis afirmó que votar en contra de la medida el 15 de septiembre equivaldría a oponerse a las reformas, renunciar al liderazgo de Estados Unidos en los criptoactivos y tratar de dejar a los estadounidenses comunes sin protecciones en el mercado.

Cambios en el proyecto de ley

El borrador final se amplió a 635 páginas desde 630. Junto con cambios relacionados con las finanzas descentralizadas y otros asuntos, incorpora enmiendas éticas de un paquete propuesto por los senadores Thom Tillis y Ruben Gallego.

El proyecto actualizado permitiría al Tesoro de Estados Unidos imponer restricciones si los bancos pequeños experimentan una salida significativa de depósitos hacia las stablecoins. También eximiría a los mineros, validadores y desarrolladores de software de registrarse como intermediarios financieros.

El borrador también refuerza significativamente las medidas de supervisión de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas destinadas a prevenir conflictos de interés entre empresas afiliadas.

Restricciones éticas

En virtud del proyecto de ley, los altos funcionarios y principales líderes gubernamentales no podrían mantener una participación significativa en empresas cuya principal fuente de ingresos esté vinculada a la emisión o promoción de activos digitales. El umbral para una participación significativa se redujo a 15.000 dólares, y los activos afectados tendrían que venderse o transferirse a un fideicomiso ciego.

Las restricciones se aplicarían no solo a la emisión de tokens, sino también a la promoción remunerada, la concesión de licencias de nombre y la obtención de ingresos de actividades relacionadas. Abarcarían al presidente en funciones y al presidente electo, al vicepresidente en funciones y al vicepresidente electo, a los miembros del Congreso, a los jueces federales y a sus cónyuges.

Los fiscales generales estatales recibirían un mecanismo para supervisar el cumplimiento. Los legisladores también aumentaron la posible sanción de 10% de la compensación recibida o 500.000 dólares a 20% o 500.000 dólares, la cifra que sea mayor.

El texto final eliminó una disposición que habría permitido que las restricciones expiraran automáticamente en enero de 2029. En cambio, las normas permanecerían vigentes de manera permanente salvo que el Congreso las modifique por separado.

Oposición demócrata

El senador demócrata Chris Van Hollen se pronunció en contra de avanzar con la Ley CLARITY en su forma actual. Dijo que el proyecto no aborda un posible conflicto de interés que involucra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que no restringe suficientemente el uso de criptomonedas en actividades ilegales.

Van Hollen había pedido anteriormente restricciones éticas más estrictas que abarcaran a funcionarios gubernamentales y a sus familiares. Su posición sigue siendo relevante porque la votación procesal requiere 60 votos para aprobarse.

Informes de prensa habían alegado previamente que Trump aceptó las enmiendas éticas. Gallego posteriormente cuestionó esos informes y afirmó que la Casa Blanca se negaba a llegar a un compromiso.

Fuente: HODL Press